¿Terroristas en redes sociales?

En estos días comprobamos que el activismo ha dado un giro importante en el país, que las redes sociales se han vuelto vehículos indispensables para contribuir al ejercicio democrático para mostrar que desde sus computadoras de escritorio, tabletas y/o dispositivos móviles las personas pueden participar en el rechazo y la protesta ante las malas iniciativas de algunos legisladores. Pero también hemos visto a gobiernos locales distorsionar el uso de las redes sociales y violentar los derechos ciudadanos.

Desde el lunes pasado circularon por las redes sociales comentarios sobre una iniciativa de Arturo Zamora, legislador del PRI, que incorporaba dos artículos al Código Penal Federal con el fin de imponer una multa de entre 100 a 200 salarios mínimos y prisión de uno a seis años a quien injurie a los precandidatos, candidatos, partidos, coaliciones o cualquier institución o autoridad electoral. La cuenta de Twitter de Zamora fue bombardeada por mensajes que le reprochaban y criticaban su regresivo proyecto de ley. Poco después Zamora lo retiraba y esto, sin duda, fue en gran parte debido a la presión que sufrió en Twitter.

En Veracruz, en cambio, dos usuarios de Twitter y Facebook, Gilberto Martínez Vera y María de Jesús Bravo, fueron acusados de terroristas por el gobierno de Javier Duarte. A ambos se les achacaba haber iniciado la difusión en Twitter de ataques a escuelas de esa entidad por grupos criminales, lo que ocasionó temor entre los padres y el cierre de escuelas. La policía de esa entidad, en vez de detener a los sicarios que atentan contra la población veracruzana con sofisticadas armas de fuego, detuvieron a esos dos usuarios de redes sociales.

De lo anterior resaltan lo siguiente: uno, que cuando existe un respeto a la libertad de expresión y el consecuente uso de internet para la rendición de cuentas, es posible revertir medidas antidemocráticas como las del diputado Zamora. Dos, que descontextualizado el sentido de los mensajes en las redes sociales, las autoridades pueden actuar de manera autoritaria y fabricar delitos con el fin de usarlos como pretexto para cercenar expresiones críticas. Tres, esos acontecimientos también evidencian la necesidad de que los usuarios verifiquen o establezcan sus fuentes confiables y sepan qué se debe de reenviar y qué no.